Firmado
por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de
Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de
Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen
Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo,
Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa
Wagner.
Si estás de acuerdo con el Manifiesto por una lengua común, puedes firmarlo aquí .
Desde hace algunos años hay
crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación
institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente
oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se
trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una
pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el
chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se
refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en
este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la
tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo
preferente de expresión, comprensión y comunicación.
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y
merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido,
pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio
nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber
constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que
todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas
españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo
porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de
ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar
con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia,
aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el
país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los
territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos
que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a
recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero
las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes
ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación,
instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se
puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).
3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que
todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto
a la obligación de conocer la común del país (que también es la común
dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede
ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre
habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y
profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo
suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo
posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas
autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo
competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como
vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la
Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones
abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de
los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución
establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa,
proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que
padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un
fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo
para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los
ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes
indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español
una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una
modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para
fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1. La lengua castellana es COMÚN Y OFICIAL a todo el territorio
nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a
cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en
lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas
cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus
respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como
lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar
garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua
común.
3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene
derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES.
Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal
capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal
capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación
con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4. LA ROTULACIÓN DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VÍAS PÚBLICAS, las
comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc...
en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es
recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán
expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS, tanto de la administración central
como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones
institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro
de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones
características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán
emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas
oficiales.
25. junio. 2008. El Partido Popular se adhiere al 'Manifiesto por la lengua común' en el que se solicita al Parlamento español 'una normativa legal del rango adecuado' que garantice los derechos educativos y cívicos de quienes tienen el castellano como lengua materna o la eligen, con todo derecho, como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.
Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons firmaron el manifiesto a través de la página web de elmundo.es.
Rajoy ha manifestado en diversas ocasiones que el Grupo Popular en el Congreso presentará una proposición de ley para garantizar el derecho a utilizar el castellano en toda España, tal y como recogía el programa electoral con el que el partido se presentó a las elecciones generales.
Campañas 
Firmado
por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de
Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de
Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen
Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo,
Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa
Wagner.
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